Santo Domingo.- El mencionado Caso Senasa, también conocido mediáticamente como Operación Cobra, se ha consolidado en 2025 como una de las crisis de corrupción administrativa más profundas y mediáticas en el sistema de salud dominicano, impactando directamente a una de las instituciones clave del Estado: el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Este escándalo no solo ha afectado la estabilidad financiera del asegurador público, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de la supervisión, la justicia y el combate a la corrupción del país.
Origen del conflicto
Senasa como la Administradora de Riesgos de Salud estatal, fue diseñada para garantizar la prestación de servicios médicos a millones de dominicanos.
A finales de 2024, a solicitud del presidente Luis Abinader, se realizan auditorías internas en las que se detectaron irregularidades administrativas, financieras y operativas que fueron remitidas al Ministerio Público para una investigación penal profunda.
Irregularidades detectadas
La investigación fiscal y los informes periciales han identificado múltiples mecanismos mediante los cuales se habría desviado dinero público: facturación de servicios médicos no realizados, duplicación de procedimientos, y ajustes contables que ocultaron pérdidas reales para beneficio de terceros.
La auditoría médica también reveló autorizaciones fraudulentas de cientos de procedimientos utilizando afiliados reales sin la prestación efectiva de servicios, y contratos con empresas que recibían pagos mensuales fijos sin justificar la prestación del servicio.
Estas prácticas, según el expediente fiscal, constituyen delitos tipificados en varias leyes dominicanas, incluyendo soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y lavado de activos.
Entre los principales imputados figuran altos directivos de la entidad, incluyendo al exdirector ejecutivo SantiagoHazim, y otros exfuncionarios y empresarios vinculados al sector salud que están bajo un proceso de investigación por el ministerio publico.
Confesiones durante el proceso
Durante las audiencias de medida de coerción, ocurridas en diciembre del presente año, tres de los imputados admitieron ante el juez haber pagado sobornos a Hazim y otros implicados, lo que evidencia la profundidad de las supuestas redes de corrupción.
El Ministerio Público presentó más de 138 pruebas documentales y decenas de testimoniales que apuntan a que los sobornos y desfalcos suman miles de millones de pesos, afectando a más de siete millones de afiliados del sistema.
La Procuraduría General de la República, en paralelo, ha aclarado que no se han otorgado acuerdos de culpabilidad ni criterios de oportunidad a los 10 imputados, enfatizando que el caso será llevado ante los tribunales para que se impongan las sanciones correspondientes conforme al marco legal vigente.
Reacciones ante el caso
La reacción del Gobierno ha sido firme en el discurso de cero tolerancia a la corrupción. La vicepresidenta Raquel Peña ha pedido a la sociedad ejercer una “sanción social” contra los implicados, subrayando que la administración actual no está dispuesta a ocultar irregularidades y que corresponde a las autoridades judiciales llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
Por separado, organismos de derechos humanos han calificado el desfalco como un acto que afecta incluso la dignidad humana, dada la naturaleza del servicio de salud pública que el Estado debe garantizar.
De igual modo, el Defensor del Pueblo señaló que este caso refleja vulneraciones graves al derecho fundamental a la salud de millones de ciudadanos.
Impacto económico
Diversos analistas estiman que el fraude superaría los RD$15 mil millones, producto de déficit acumulado, pasivos no registrados y pagos por servicios no prestados o inflados sin justificación clínica. Esta situación ha colocado a Senasa en una aparente quiebra técnica, con atrasos en pagos a médicos, clínicas y farmacias, y ha despertado preocupación sobre la sostenibilidad del sistema público de aseguramiento en salud.
Repercusión social y política
El caso ha generado multiples opiniones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los controles institucionales, el uso de recursos públicos y el compromiso real con la transparencia.
Opositores políticos han llamado a una investigación profunda, sin privilegios ni “vacas sagradas”, mientras ciudadanos y profesionales de la salud cuestionan la administración de los recursos del sistema.
Fase del proceso
Senasa continúa bajo la lupa del Ministerio Público y el Poder Judicial dominicano. Las audiencias, medidas de coerción y presentación de pruebas marcan el inicio de un proceso penal complejo que, de acuerdo con las autoridades, buscará establecer responsabilidades claras y sanciones ejemplares para quienes hayan participado en el esquema de corrupción.
Este caso no solo pone a prueba las capacidades del sistema de justicia dominicano, sino también el compromiso del país con la transparencia y la protección de los derechos de sus ciudadanos en un sector tan crítico como la salud pública.
