Santo Domingo. – La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su Dirección de Persecución, ha iniciado diligencias procesales que incluyen la inmovilización de bienes pertenecientes al empresario Antonio Espaillat López, como parte de la investigación por el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 232 muertos y más de 180 heridos.
La medida responde a informaciones obtenidas por el Ministerio Público, que indican que Espaillat habría intentado transferir activos registrados a su nombre. Según las autoridades, esto podría constituir un intento de evitar responsabilidades patrimoniales hacia las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado martes 8 de abril, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el colapso.
Las acciones incluyen la imposición de impedimentos legales a cualquier tipo de traspaso o transacción sobre las propiedades de las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otros bienes relacionados con el empresario. Las diligencias se están realizando bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, aunque se aclaró que esta normativa se está utilizando de manera administrativa, sin que hasta el momento se haya iniciado una investigación por lavado en contra de Espaillat.
Una fuente vinculada al proceso aseguró que estas medidas buscan proteger los derechos de las víctimas y asegurar que los activos involucrados permanezcan disponibles para responder ante eventuales consecuencias judiciales o indemnizaciones civiles.
Aunque el empresario ha manifestado públicamente estar a disposición de la justicia y colaborar con las investigaciones, el Ministerio Público ha procedido con la revisión de la documentación corporativa, licencias de operación, seguros, condiciones estructurales del inmueble y el cumplimiento de las normativas vigentes para este tipo de establecimientos.
La investigación se concentra principalmente en la sociedad operadora del Jet Set, centro de espectáculos con décadas de historia en Santo Domingo, cuya tragedia ha sacudido al país.
La Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11) faculta a la institución para adoptar medidas preventivas en casos que involucren riesgos para el interés público, incluyendo la protección de víctimas y la salvaguarda del patrimonio que pueda servir para futuras compensaciones legales.
