Por Wandry Méndez Periodista
Santo Domingo.- En República Dominicana se escuchan reclamos enérgicos para que se cumpla la ley migratoria y se deporte a quienes permanezcan en el país de manera irregular. Sin embargo, esa exigencia pierde fuerza cuando personas, empresas, residenciales y comunidades facilitan que otros evadan los controles establecidos.
La responsabilidad no puede atribuirse a todos los ciudadanos ni a todas las personas migrantes haitianas. El problema está en quienes, sin importar su nacionalidad, participan en maniobras para ocultar a personas, burlar las normas o sacar provecho de una situación migratoria irregular.
La defensa de la soberanía y del cumplimiento de las leyes debe ir acompañada de coherencia. No es válido exigir controles estrictos mientras, en privado, se ofrecen alojamientos clandestinos, empleos fuera de regla o mecanismos para esquivar la supervisión de las autoridades.
También preocupan las denuncias sobre posibles intermediarios que ofrecen gestionar documentos, prometen soluciones o cobran por supuestas asesorías. Si alguien falsifica certificaciones o presenta información falsa ante las autoridades, debe responder por sus actos conforme a la ley.
Los abogados y gestores tienen derecho a ejercer su trabajo, pero ese ejercicio debe mantenerse dentro de los límites legales y éticos. Cualquier señalamiento contra una persona debe investigarse con pruebas, sin generalizaciones ni acusaciones que manchen a quienes actúan correctamente.
Las autoridades de inteligencia, la Policía, el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Migración deben coordinar investigaciones rigurosas sobre posibles redes de falsificación y facilitación migratoria. Estas indagatorias deben abarcar documentos depositados, negocios, empresas y propiedades donde existan indicios concretos de irregularidades.
La respuesta institucional debe apoyarse en evidencias, respetar el debido proceso y proteger los derechos de todas las personas involucradas. Cuando se compruebe la falsificación de documentos o la participación en redes ilegales, corresponde someter a los responsables ante la justicia.
La ley debe aplicarse sin privilegios ni selectividad. También deben investigarse los beneficios económicos que puedan obtener quienes ofrecen empleo, alojamiento o servicios a cambio de facilitar la evasión de los controles migratorios.
La discusión migratoria requiere firmeza, pero también responsabilidad. Repetir consignas contra una comunidad entera mientras se toleran o encubren posibles irregularidades alimenta la división y debilita la credibilidad de quienes reclaman orden.
La República Dominicana necesita instituciones vigilantes y ciudadanos coherentes, dispuestos a denunciar hechos verificables por las vías correspondientes. Cumplir la ley empieza por no encubrir su violación y por exigir que toda investigación concluya con transparencia y justicia.
