Por Ing.. Marco Tezanos
En la República Dominicana el sector eléctrico sigue siendo el dolor de cabeza de los
gobiernos dominicanos, en el cual la falta de voluntad política, financiera y técnica lleva
a preocupación de la ciudadanía, ante la grave crisis energética que estamos viviendo
incesantemente por años y que llama al desasosiego en la actualidad.
Si pasamos revista a los recientes indicadores del sector eléctrico estos nos reflejan que
estamos envuelto ante un riesgo financiero y de gestión que se ha convertido en una
amenaza, de la cual no podemos quedarnos con los brazos cruzados.
Si tomamos una muestra de los últimos tres años, con relación al déficit de las
transferencias al sector eléctrico en República Dominicana, vemos que en el 2022
fueron de alrededor de US$1,596MM, 2023, US$1,484MM, en el 2024 US$1,769MM,
y este año 2025, si la proyección se mantiene como va, podría superar la cifra de los
US$1,950MM, para un total en este periodo de solo tres años de US$6,809MM. Por
consiguiente, las transferencias del gobierno al sector eléctrico aumentaron
sustancialmente, con el agravante de que los indicadores de gestión como las pérdidas
de las tres EDEs promedian el 41 %, el índice de cobranzas y el índice de recuperación
de ingresos CRI promedian 95.9% y 59.7% respectivamente comparados con el mismo
periodo del año anterior.
Como se puede apreciar, el sector eléctrico no solo impacta la vida cotidiana, también
constituye una carga insostenible para las finanzas públicas, reduciendo la capacidad
para invertir en áreas fundamentales como la educación, la salud e infraestructura. Por
otra parte, se nos vendió la firma del pacto eléctrico, como la panacea del sector, y los
resultados son cuestionables, de igual manera la misma ejecución del propio programa
de gobierno del sector energético para este periodo vigente.
Sabemos conscientemente que en el ámbito de la distribución radica la mayor
ineficiencia del sector y es lo que debemos de ir corrigiendo y resolviendo de manera
apropiada y sin descanso. Por otro lado, se ha intentado transmitir la idea de que no
existen dificultades en la etapa de generación eléctrica. Sin embargo, no se está
considerando que los costos de generación y abastecimiento son un factor clave en el
precio al que las distribuidoras compran la energía, lo cual contribuye
significativamente al déficit financiero que actualmente enfrentan.
La situación sigue siendo delicada y dependiente del equilibrio entre oferta y demanda,
y de la entrada oportuna de la capacidad de generación esperada a precios competitivos.
Ante el reciente aumento de las compras por excepción en los procesos de adquisiciones
y contrataciones realizadas de forma autónoma, es importante considerar que estas
suelen implicar un incremento significativo en el uso de recursos. Si esta práctica se
mantiene a lo largo de un año en un contexto de emergencia, podría traducirse en
cientos de millones de dólares adicionales, agravando el déficit financiero existente.
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Frente a la situación actual, el sector eléctrico se encuentra en una condición crítica,
tanto desde el punto de vista financiero como técnico, requiriendo atención urgente. No
es posible seguir postergando la toma de decisiones acertadas y responsables para
enfrentar esta crisis
¿Por lo tanto que ha pasado?
Es probable que el sector eléctrico haya sido víctima del descuido, la indiferencia, el
abandono y la improvisación, factores que han dejado profundas huellas negativas en la
planificación, la gestión, la inversión y la regulación del sistema. Esta situación ha
obstaculizado seriamente el avance del país en materia energética.
¿Entonces que hacer?
Por años el sector eléctrico ha sido estudiado y analizado por organismo e instituciones
competentes las cuales nos ha dicho que debemos de hacer y en que centrar nuestras
actuaciones, para lograr los objetivos a mediano y largo plazo.
Este no es momento para lamentos, sino para actuar con decisión, utilizando los
recursos disponibles y el capital humano profesional y capacitado con el que contamos,
para enfrentar los desafíos generados por el derroche y la pérdida de recursos. No
hacerlo implicaría comprometer el bienestar y la calidad de vida de nuestra población.
