Por Wandry Méndez Periodista y articulista
Santo Domingo.- El hallazgo de un cargamento de armas y municiones con destino final a Haití no puede quedar reducido a una cifra en un expediente ni a una noticia que desaparezca entre titulares. En marzo 2025, las autoridades ocuparon en el puerto de Haina un contenedor con 36,000 cartuchos, 23 armas de fuego, cargadores y otros pertrechos militares con destino a las pandillas haitianas.
La gravedad aumenta porque este caso se suma a otros hallazgos de municiones vinculadas a las reservas de instituciones dominicanas y detectadas en manos de los grupos terrorista haitianos. El propio Ministerio de Defensa informó que mantiene investigaciones para establecer cómo llegaron a Haití dichas municiones.
Conviene decirlo con claridad, que aparezcan municiones de origen dominicano en manos de delincuentes no demuestra por sí solo que una institución del Estado las haya enviado. Pero se plantean preguntas urgentes sobre su custodia, su rastreo y las redes que pudieron facilitar su desvío. Esas preguntas no se responden con declaraciones generales ni con la presentación de unos cuantos nombres de menor jerarquía, no, claro que no.
La ciudadanía necesita conocer cómo operaba esa red, quién consiguió el material, quién lo empacó, quién gestionó el transporte, quién recibió el dinero y quién garantizó que el cargamento avanzara hacia su destino. Si hubo funcionarios, militares, policías, empresarios o intermediarios involucrados, cada responsabilidad debe establecerse con pruebas y llevarse ante los tribunales.
La presunción de inocencia debe respetarse pero la exigencia de investigar a fondo también.
El país no pide un espectáculo mediático ni condenas anticipadas. Pide una investigación seria, ágil y transparente, capaz de llegar desde quienes ejecutaron las operaciones hasta quienes las organizaron o las financiaron. Si las pesquisas conducen a un cabecilla, su nombre y su papel deben conocerse cuando el proceso legal lo permita.
La justicia no puede detenerse en el eslabón más débil de la cadena, no queremos eso, queremos transparencia y firmeza por parte de las autoridades.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ha dicho recientemente que, los casos señalados están judicializados y que las investigaciones siguen abiertas para identificar los implicados. Esa afirmación debe traducirse en resultados comprobables: avances procesales, datos sobre las rutas del material y una explicación clara de las medidas tomadas para impedir nuevos desvíos. La seguridad nacional merece respuestas concretas.
El presidente Luis Abinader tiene ante sí una oportunidad decisiva de demostrar que su Gobierno no tolera la corrupción ni protege a nadie por su rango, cargo o influencia. El pueblo que lo eligió para dos períodos presidenciales espera que ejerza el liderazgo y la firmeza que ha proyectado, y que reclame a las instituciones una investigación completa, sin privilegios ni encubrimientos.
Este caso toca una fibra especialmente sensible, la soberanía nacional. Mientras miles de dominicanos observan con preocupación la violencia de las bandas haitianas y el peligro que representa el tráfico de armas, descubrir que municiones vinculadas al país pudieron terminar en sus manos exige una respuesta institucional a la altura. No basta con hablar de vigilancia fronteriza; también hay que cerrar las brechas que permiten que el material llegue a la frontera.
La transparencia no obliga a divulgar información que pueda entorpecer una investigación o poner en riesgo la seguridad. Pero tampoco puede convertirse en una excusa indefinida para mantener al país sin saber si las pesquisas avanzan, qué responsabilidades se han establecido y qué controles se están reforzando. La autoridad debe explicar lo que pueda explicar y rendir cuentas sobre sus actuaciones.
No se trata de lanzar acusaciones al aire ni de manchar instituciones enteras por las acciones de individuos deshonestos, se trata de protegerlas identificando y sancionando, conforme a la ley, a quienes hayan traicionado la confianza pública. Cuando municiones vinculadas a las reservas nacionales aparecen relacionadas con bandas criminales, el silencio prolongado debilita la credibilidad y alimenta la sospecha.
El país espera que esta investigación llegue hasta el final: desde quien movió el primer contacto hasta quien dirigió la operación, desde el intermediario hasta el eventual cabecilla. Si hubo responsables, que respondan ante la justicia. Si hubo fallas de control, que se expliquen y se corrijan. Y si no hubo participación institucional, que las pruebas lo establezcan con la misma claridad. La República Dominicana merece saber quiénes estuvieron detrás de este atropello a su soberanía y a la confianza de su gente.
