Periodistas, víctimas de desacatos judiciales
Santo Domingo.- Los desacatos judiciales constituían una práctica consuetudinaria, durante el llamado período de los 12 años de gobierno del dictador ilustrado, Joaquín Balaguer, espacio donde la autoridad no respetaba ninguna ley, ni acataba las decisiones de los tribunales. Y los afectados no tenían una vía efectiva para recurrir y reclamar sus derechos, toda vez que existía un régimen de impunidad que solía premiarse el delito y el crimen.
Nuestra legislación no contempla la figura del desacato judicial, y cuando no se ejecutaba un mandato de una autoridad competente, se interponían querellas contra los responsables por abuso de autoridad, infracción castigada por los artículos 184 y siguientes del Código Penal, sin ningún régimen de consecuencias, dado que existía un entramado de criminalidad desde arriba hasta abajo en la tiranía de marras.
Los tiempos cambiaron, cuando en el 1978, el presidente Antonio Guzmán, inauguró la democracia, restableciendo los derechos conculcados.
Sin embargo, estamos retrocediendo a una época que se creía superada, toda vez que las sentencias del Tribunal Constitucional están siendo desacatadas por algunas instancias, principalmente las que reconocen derechos de periodistas incorporados a la Carrera Administrativa que fueron separados y que tanto el Ministerio de Educación como la Dirección General de Presupuesto se niegan a su cumplimiento, cuyos incumbentes se creen que manejan islas de poderes, apartados de las leyes y de la Carta Magna.
Estos dos organismos, están renuentes a la reintegración de los periodistas Bernardo Núñez y Henry Núñez, beneficiados con sentencias de la alta corte. Nuestro ordenamiento democrático, requiere de una ley que tipifique los desacatos judiciales con penas drásticas de reclusión mayor, a los que se resistan a ejecutar las decisiones de los tribunales del orden judicial.
El expresidente del TC, doctor Milton Ray Guevara, se quejó de la desobediencia de algunos estamentos de poder que se resisten a acatar sus sentencias, convirtiendo sus decisiones en letras muertas, y entonces estamos lejos de vivir en un Estado de derecho, y quien tiene la responsabilidad de que los organismos que dependen del Poder Ejecutivo actúen conforme a la ley es el presidente Luis Abinader. El régimen presidencialista que nos rige siempre necesita que las dependencias estatales cumplan con nuestro ordenamiento jurídico.
El desacato judicial es una infracción penal de carácter criminal no tipificada, y el magistrado Guevara, entiende que debe ser agravada, pues no sólo se atenta contra la autoridad particular de un mandato, sino contra la eficacia de los procedimientos constitucionales, como fuente del derecho y mandato forzado en caso de sentencias estimativas de tutela de prerrogativas fundamentales.
El último desacato registrado afecta al periodista Bernardo Núñez, a quien José Rijo Presbot, Director General de Presupuesto, se niega a reintegrar como Director de Comunicaciones de esa institución. La misma suerte corre el periodista Henry Núñez, a quien el TC ordenó su reintegro como Director de la Oficina de Acceso a la Información en el Minerd pero el ministro Ángel Hernández se niega a su cumplimiento.
Colaboración de Henry Núñez
