Santo Domingo. La implementación del nuevo protocolo hospitalario en centros públicos resultó en la deportación de 87 mujeres haitianas, entre embarazadas y recién paridas, durante su primer día de ejecución, informó la Dirección General de Migración (DGM).
La jornada, que se desarrolló este lunes, también incluyó el traslado de 48 menores de edad que acompañaban a las madres, quienes fueron detenidas tras recibir atención médica en hospitales dominicanos.
Todas fueron llevadas al Centro de Retención de Haina y luego entregadas en el paso fronterizo de Elías Piña, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General de Migración 285-04.
Según Migración, el operativo se llevó a cabo respetando los protocolos internacionales de derechos humanos. Las mujeres fueron transportadas en autobuses acondicionados con cinturones de seguridad, baños y aire acondicionado. También se les ofrecieron alimentos y se tomaron sus datos biométricos antes de la repatriación.
Estas acciones se producen tras el anuncio del presidente Luis Abinader, quien presentó un paquete de 15 medidas migratorias el pasado 6 de abril, en respuesta al impacto del flujo migratorio haitiano sobre los recursos hospitalarios del país. Entre las disposiciones está la exigencia de documentos legales —como identificación, carta laboral y comprobante de residencia— para recibir atención médica no urgente en hospitales públicos.
A pesar de que la DGM asegura que el procedimiento respeta el marco legal y sanitario, familiares de algunas detenidas han denunciado irregularidades y trato injusto. Tal es el caso de Clarissa de Jesús, una joven dominicana de 16 años, supuestamente detenida en la Maternidad de Los Mina por no portar documentos al momento del parto. Su hermano denunció el hecho entre lágrimas, señalando: “No todo el que tiene piel oscura es haitiano”.
La situación ha provocado reacciones en las afueras del Vacacional de Haina, donde decenas de familiares aguardan noticias, denunciando desinformación y condiciones precarias.
Activistas también han criticado el protocolo por su impacto sobre mujeres en estado vulnerable, calificándolo como una política “inhumana y discriminatoria”.
Por su parte, el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, se trasladó al centro de detención para supervisar personalmente el proceso y aseguró que “la supervisión directa es clave para que se garanticen tanto la legalidad como el respeto a la dignidad humana”.
